El aplazamiento de los embargos

José L. Prieto. 19/Nov/12, 14:47:57

El pasado viernes se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Dicha norma implica la suspensión inmediata y hasta el 15 de noviembre de 2014, en cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, del desahucio de la vivienda habitual de determinadas familias, considerando tales las compuestas por el deudor hipotecario, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Dicha suspensión no altera el resto del proceso de ejecución, y sólo es posible cuando en el mismo se hubiera adjudicado la vivienda al acreedor o a persona que actúe por su cuenta.

Para beneficiarse de esta suspensión se requiere que concurran dos tipos de circunstancias:

Primero, que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado las prestaciones por desempleo, o tener en la unidad familiar algún menor de tres años o alguna víctima de violencia de género, o ser familia numerosa, o monoparental con dos hijos a cargo; o que alguien de la familia tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral; o que con el titular de la hipoteca o su cónyuge conviva algún familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad discapacitado, dependiente, con enfermedad grave que le incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para trabajar.

Segundo, que adicionalmente se cumplan todos estos requisitos:

  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere los 19170,39€.
  • Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,5.
  • Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que se perciban en la unidad familiar.
  • Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Hay que acreditar la concurrencia de ambos tipos de requisitos mediante la siguiente documentación exigida por el artículo 2 del Real Decreto-Ley:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Ultimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este real decreto.

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