Casi mil personas al día, 8000 en nueve días, del 13 al 22 de julio de 1995. Hoy hace 15 años del inicio de la matanza de Srebrenica. El asesinato sistemático de civiles inocentes ante las cámaras de televisión de todo el mundo.

3000 personas (mil más, mil menos) en sólo menos de 12 horas, entre la noche de un 14 de agosto y la mañana del día siguiente, y muchos más antes y después. En 1936 sucedió la matanza de Badajoz. El asesinato sistemático de civiles inocentes sin testigos, ocultado al mundo. Ensombrecido y justificado por invenciones revisionistas. Que la Historia la escriben los vencedores.

¿Quedan honores a nombre de Ratko Mladic o Radovan Karadzic o ex ministros impunes de la tiranía serbo-bosnia? En España quedan calles con el nombre de los Generales Yagüe y Franco, y el impune ex ministro fascista Manuel Fraga es el Fundador y uno de los Presidentes del Partido Popular.

El ultraderechista Gobierno municipal del Ayuntamiento madrileño de Móstoles impuso desde su mayoría absolutista en el Pleno corporativo, en su sesión ordinaria del mes pasado, la aprobación inicial de un Reglamento para la interceptación de las comunicaciones electrónicas de la oposición democrática (eufemísticamente intitulado “de uso de los servicios y bienes informáticos y de las comunicaciones”).

Dicho Reglamento es expresamente para su aplicación a los concejales con la previsión de quedar exentos los del Gobierno municipal (artículos 1 y 6.2), teniendo los de los Grupos de oposición democrática que obtener la autorización previa del régimen instaurado en el Ayuntamiento para usar medios informáticos (artículo 5), estándoles en cualquier caso prohibido usarlos para buscar información no oficial (artículo 6.e), para sus fines “partidistas” (artículo 6.m), para la emisión de sus comunicados (artículo 6.p), etc.

Además, el Gobierno municipal del PP se arroga con dicho Reglamento el derecho de revisión y almacenamiento de los contenidos enviados y recibidos por la oposición democrática (artículo 7), controlando el uso del correo electrónico de los concejales de la oposición (artículo 15) y, por impedirle esa labor de espionaje, prohibiendo el uso de webmail, que es el correo que se utiliza a través de una página web como por ejemplo Gmail o Hotmail (artículo 17).

El régimen ultraderechista instituído en el Ayuntamiento de Móstoles, como se puede comprobar, pretende un Estado de Excepción indefinido sobre la oposición democrática, arrogándose facultades que no tiene atribuídas por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que las residencia en los poderes del Estado, suspendiendo la vigencia de los artículos 18 y 23.2 de la Constitución dentro de los límites de su término municipal, pues revoca los derechos al secreto de las comunicaciones y a libre ejercicio de las funciones de los representantes políticos de los ciudadanos, como en este caso el más del 35% de los mostoleños que confiaron en Paz Martín y el PSOE, que ya han alegado contra el Reglamento, para representarles.

Y aquí no pasa nada.

Tres concejales supuestamente socialistas del Ayuntamiento madrileño de Móstoles se ausentaron ayer del Pleno municipal de ayer para evitar tener que votar favorablemente una moción que, desde la oposición, había presentado su propio Partido contra los anuncios publicitarios de prostitución.

Frente a la prostitución hay dos vías de tratamiento. Bueno, tres, si se considera como tal la vía del “no tratamiento” cínicamente imperante en la sociedad, la consistente en mirar hacia otro lado.

Una de ellas es la abolicionista, consistente en la adopción de medidas conducentes a la desaparición de la prostitución, graduándose entre dificultarla y prohibirla, pasando por sancionar su uso. La otra es antiprohibicionista, consistente en regularizar dicha actividad sin necesariamente favorecerla.

Yo me muevo entre ambas posiciones. Por un lado, como liberal, rechazo que tanto el Estado como las sectas, sean consideradas religiones o no, se inmiscuyan en asuntos morales, y como socialista creo que todos los que desarrollamos alguna actividad con rendimientos económicos debemos tener iguales derechos (por ejemplo, a la seguridad social o mutual) y obligaciones (por ejemplo, a tributar). Pero por otro lado, creo que es una minoría las personas de ambos sexos que se dedican a la prostitución libremente, ya que creo que lo hacen obligados por la necesidad o la esclavitud, o la lógica conjunción de ambos elementos. Por eso creo que ambas de aquéllas posiciones, abolicionista y antiprohibicionista, deben ser comúnmente libertarias, es decir, deben orientarse a liberar a la mayoría de las personas que ejercen dicha actividad, por no hacerlo libremente.

Así, los anuncios de prostitución son, mayoritariamente, anuncios de proxenetismo, de explotadores que anuncian a personas como si fueran productos. Son esos explotadores quienes niegan a sus víctimas sus derechos, y quienes se sustraen de sus deberes tanto frente a ellas como al resto de la sociedad. Y eso es intolerable.

Lógicamente, ayer, inmediatamente, Paz Martín, Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Móstoles, ha cursado la oportuna denuncia interna el el PSOE contra los concejales socialistas que creen que aquella aberración sí es tolerable.

Cierto que la Concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Móstoles colocó a su propio marido como Asesor municipal de Limpieza, y que como era bastante descarado que fuera en la misma área fue cambiado a Director municipal de otra en la misma Corporación local.

Cierto que quien el PP designó como Gerente de una de las Empresas municipales, precisamente la que tiene encomendad la Promoción de Empleo en Móstoles, es el marido de quien fue colocada como Jefa de Prensa del Ayuntamiento, actualmente Directora de otra área municipal en Móstoles.

De todo ello ya escribí hace casi ¡7 años!. Pero también es cierto que, con posterioridad, el Alcalde colocó a su propio hermano como Coordinador municipal Adjunto de Limpieza de la Ciudad poniéndole un sueldecito de casi 50.000 euros anuales.

Y esto por poner sólo tres ejemplos, aunque alguien me da pistas para encontrar más.

Pero lo que me negaría a creer es que una de las “ventajas” de la privatización de la gestión de servicios públicos, por ejemplo los Centros de Mayores, pueda ser que los políticos privatizadores, por poner otro ejemplo el o la responsable de sanidad, pueda colocar, por poner un ejemplo, a su propia madre como, por ejemplo, ordenanza del centro privatizado, sin pasar por oposición alguna ni tener que haberse esforzado en obtener el mínimo mérito ni capacidad. Vamos: un coladero.

Todo ello no son más que ejemplos, pues es un hipotético caso extremo que no creo que haya tamaño descaro, deshonestidad ni miseria humana como para darse en ningún sitio que no sea una república bananera. Vamos, que cualquier parecido de lo expuesto con la realidad no sería más que purísima coincidencia, improbable en nuestro Estado de Derecho.

Si este martes me dijeran que eso ha sucedido en Móstoles, me negaría a creerlo. La desvergüenza del PP móstoleño, sinceramente, no creo que les haga acreedor de la indignidad de sinvergüenzas.

Una de las tipificaciones del delito de malversación, no sólo de caudales públicos sino pudiendo ser de otros efectos de las Administraciones públicas y en este caso además sin necesidad de ánimo de lucro, es la del artículo 433, primer párrafo, del Código Penal:

La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

Pues bien.

El Gobierno municipal de Móstoles, de la ultraderecha, y según la noticia difundida por la agencia de prensa Europa Press, supuestamente habría confesado haber destinado (no su Partido, el autodenominado “Popular”, sino “el Ejecutivo municipal”) al uso de determinadas empresas privadas efectos elaborados en o con recursos materiales, económicos y/o humanos del Ayuntamiento que recogen intervenciones de Paz Martín, líder del PSOE mostoleño:

el Ejecutivo municipal informó de que ha puesto en conocimiento de las empresas de comunicación contratadas por el Ayuntamiento las manifestaciones vertidas hoy ante los medios de comunicación y en el pasado Pleno por Paz Martín, “por si sus equipos jurí­dicos entienden que existen motivos para iniciar posibles acciones judiciales” contra la edil socialista.

El caso es que, como informa el PSOE en Móstoles, citando una información del periódico ‘Público’,

“La Gürtel se coordinó con las firmas de publicidad fantasma”, una de ellas expresamente Over Marketing, con ingentes ingresos provenientes de la “adjudicación de campañas que no llegaron a hacerse” en Madrid de “ayuntamientos controlados por el PP en la región”, y ello “consta en el sumario que instruye el juez Pedreira”.

Y en el último Pleno municipal el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro Prado, confesó que con él el Ayuntamiento ha contratado con aquella firma de publicidad.

Muchos medios (cuando escribo esto, el gratuito ‘Qué!’ en su edición regional, algún medio on-line de otro municipio, otro comarcal, las noticias de Terra, y anteriormente hasta en el foro Móstoles Hoy) se están haciendo eco de una información que no tiene mérito tanto por el descubrimiento del Grupo Municipal Socialista, como sí por la torpeza del Gobierno municipal no sólo vinculándose, sino erigiéndose en defensor de las empresas que, siempre según “consta en el sumario que instruye el juez Pedreira”, a su vez estarían relacionadas con la presunta trama delictiva de financiación ilegal del PP.

La concomitancia del Gobierno municipal de Móstoles para con Over Marketing, que se comprobó en la tan militante como nerviosa defensa que el Alcalde les ha hecho públicamente (que, vamos: ni que fuera accionista), ahora les lleva a dedicar el tiempo que los mostoleños les pagan a elaborar “el Ejecutivo municipal” un dossier para el uso de esa sociedad privada. Su tiempo, que no tendrán la vergüenza de descontarlo de sus nóminas, ya está trabajado para una empresa privada, faltando saber si se ha escrito sobre folios, con tinta, introducidos en sobres, enviados con sellos, incluyendo soportes audiovisuales… en todos los casos pagados por el Ayuntamiento, que es lo mismo que decir que pagados por todos los mostoleños, incluso ese 35% que votó a Paz Martín.

¿Hay algún fiscal por aquí?