Acabo de recibir el último número de la revista “Abogacía Española”, órgano de expresión del Consejo General de la ídem. Éste mensual se dedica al Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales presentado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria.

Su editorial es toda una declaración de principios:

el licenciado en Derecho necesita una formación práctica y un examen que garantice al ciudadano que tiene delante un abogado capacitado para defenderle. Eso es lo que la Ley de Acceso debe garantizar

La introducción al especial es nada menos que del propio Secretario General del Consejo General de la Abogacía Española, corporación que aglutina a todos los Colegios de Abogados del país, en los que debemos estar colegiados quienes queremos ejercer dicha profesión. Obligatoriamente, en plan gremio medieval.

No voy a valorar este monográfico del máximo órgano corporativo al que estamos sometidos los abogados españoles, ya que me considero impedido por el abstracto artículo 84, apartado D, de nuestro Estatuto profesional, en cuya virtud los letrados tenemos cercenada nuestra libertad constitucional de expresión sobre el ejercicio de las funciones de nuestros dirigentes.

En cualquier caso, como abogado de sólo casi 33 años de edad y con ocho de colegiación, muchos de ellos como no-ejerciente por las limitaciones impuestas por la legislación sobre incompatibilidades, pero aplicando siempre mis conocimientos jurídicos y desarrollando mi carrera profesional como jurista en administraciones públicas, puedo decir que me siento despreciado: supongo que cuando el Presidente de nuestro Consejo General dice, sobre quienes pagamos nuestras cuotas colegiales y a quienes debe representar defendiendo nuestros intereses y nuestra dignidad, que “un 20 por ciento deja bastante que desear en su formación”, no se refiere a los abogados de su generación (que más sabe el demonio por viejo que por demonio).

Por sí sólo, todo el planteamiento es un desprecio a la Universidad española, cuando al menos de la pública los españoles debemos sentirnos orgullosos. Si bien es cierto que los actuales planes de estudios universitarios tienen carencias en materia de praxis profesional, también lo es que esos déficits eran muy superiores hace una década. Y en cualquier caso no podemos dar por perdida la posibilidad de maximizar el perfeccionamiento de las enseñanzas superiores. Finalmente, es también una renuncia a las especiales obligaciones de los Colegios de Abogados para con la prestación de servicios formativos de que ante ellos somos acreedores sus colegiados.

Del mismo modo que supongo que nuestro Presidente no se refiere al hablar del 20% a quienes en sus tiempos universitarios no se vieron en la necesidad de tener que compatibilizar sus estudios con el trabajo. Yo, hijo de un obrero, no pude tener dedicación exclusiva a mi carrera. Y supongo que no se refiere a quienes tuvieron en sus tiempos de estudiante las facilidades derivadas de tener un papá jurista, bibliografía jurídica y espacio de estudio en casa, ni una manutención o un desplazamiento que favoreciera la optimización de sus tiempos. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, al norte pijo de Madrid, y es allí donde me dí de bruces con la división de clases sociales de cuya existencia, anteriormente, recluido en la industrial Móstoles, no era consciente, pues al sur de Madrid la inmensa mayoría somos iguales en nuestra condición de miembros de la clase trabajadora. Supongo que no se refiere a quien pudo recibir experiencia práctica como pasante, excluyéndonos a quienes tras terminar la carrera tuvimos que entrar irreversiblemente en cualquier mercado de trabajo para, al menos, dejar de ser una carga económica para nuestros padres.

La limitación del acceso profesional al ejercicio de la abogacía tiene como justificación una presunción de irresponsabilidad de ciudadanos adultos. Se presume que cualquier licenciado en Derecho que se colegia como abogado tiene como presupuesto profesional desarrollar negligentemente su ocupación, que se tirará a cualquier piscina. Una vez en posesión de mi título académico he gastado los suficientes millones de pesetas en Masters y otros cursos de especialización o postgrado, y he visto cómo otros jóvenes compañeros hijos de obreros se han esforzado por continuar la formación continua y permanente que requiere esta profesión, como para tener derecho a ofendernos. No hubo ninguna Ley que nos obligara, y lo hicimos.

Por cierto: cuando el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española entró en esta profesión, no tuvo que pasar por ninguna Ley de Acceso a la Abogacía.

En 1998 se detuvo a 122 personas por su eventual vinculación a ETA. En 1999, coincidiendo casualmente con su tregua, el número de detenciones en operaciones policiales antiterroristas se redujo a sólo 31 personas, el saldo anual más bajo de la historia. De hecho, entre el 17 de septiembre de 1998 y el 9 de marzo de 1999 no se practicó ninguna detención relacionada con el terrorismo.

Mientras Aznar elevaba a la banda terrorista a “Movimiento de Liberación Nacional”, su Gobierno hizo gestiones para el retorno de 304 etarras huídos de España con un compromiso de tranquilidad judicial. Nada menos que 180 etarras fueron excarcelados y, flexibilizando la estrategia de dispersión penitenciaria, 85 fueron trasladados a prisiones vascas y 50 a provincias limítrofes. Para percibir la importancia de ambas cifras, contrástelas con el hecho de que los presos etarras tanto por condena como preventivos son, a día de hoy, casi 500.

Los mismos que hoy exigen rigor, entonces o protagonizaban la flexibilización o, simplemente, callaban. Aunque la política penitenciaria de dispersión de presos y la estrategia de deportaciones, impulsada por los Gobiernos de Felipe González, siempre han sido las mejores bazas del Estado de Derecho en su acoso al terrorismo.

Del mismo modo que fue un error la renuncia gubernamental a esas ventajas, permitiendo a ETA poder pasar al siguiente punto de su plataforma reivindicativa, directamente situado en el maximalismo soberanista, no lo fue trasladar a los miembros de ETA escondidos la tranquilidad de un escenario de pacificación como el que se derivó de la flexibilización de la acción policial y de la presión judicial a través de la contemporización del Fiscal General del Estado. Hoy debemos aprender de esos errores y este acierto.

Y como producto de ese aligeramiento de la presión contra quienes serán los interlocutores del diálogo, tampoco Arnaldo Otegi debe ser encarcelado.

Es un hecho que desde hace ya muchos años Arnaldo Otegi es una “paloma” dentro de la autodenominada “izquierda” abertzale. Y gracias al trabajo de consolidación interna de otro de los posibilistas como es Pernardo Barrena, que le cubre la retaguardia dentro de Batasuna, y fuera de esta organización por el respaldo del secretario general del sindicato abertzale, Rafael Díez de Usabiaga, respetadísimo en esos entornos ideológicos, es por lo que el frente político de ETA ha aparcado los planteamientos maximalistas de los duros que se personifican en Joseba Permarch. Arnaldo Otegi es nuestro Gerri Adams. Despreciado durante la existencia de la banda terrorista, prestigiado posteriormente.

Del mismo modo que la caída de Josu Ternera al frente de ETA, retornado a la ilegalidad para encauzar el fín de su historia, reforzaría las posiciones belicistas de los jóvenes enajenados de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el apartamiento de Otegi daría alas a los halcones de Batasuna. No parece inteligente.

Sólo encontraría lógica en el descarrilamiento.

En 1984, sólo dos años después de la disolución de ETA “político-militar”, no quedaban presos de esta facción etarra en las cárceles. En 2000, dos años después de los Acuerdos del Viernes Santo, tampoco quedaban presos del IRA en las cárceles británicas. No nos engañemos: si se alcanza un acuerdo por el que ETA “militar” abandona definitivamente las armas, en breve tampoco quedará ninguno de sus casi 500 reclusos en las cárceles españolas. Ese será el último hito de la única hoja de ruta posible para ambas partes de la negociación.

Así, en los casos de ETA P-M y del IRA, sus víctimas y los familiares y amigos de sus víctimas mortales acabaron cruzándose por la calle con sus ver verdugos. Debió ser duro, y debe seguir siéndolo, ya que ambos capítulos forman parte de la historia contemporánea de España y del Reino Unido: hoy siguen viéndose las caras. Pero en ambos casos, las víctimas, lejos de ser un obstáculo para acabar definitivamente con aquellas formas de terrorismo, se solidarizaron con el resto de la sociedad para evitar que ésta conociera nuevos sufrimientos como los que ellos habían padecido.

En España traíamos ya alguna experiencia. Los demócratas fueron generosos con casi 40 años de Estado terrorista, y sus dirigentes pudieron reinsertarse en la sociedad democrática como hicieron algunos de sus ministros a través del actual PP. A uno de sus actuales Presidentes, Manuel Fraga Iribarne, por ejemplo, no sólo no se le han pedido cuentas por ser miembro de un Gobierno criminal como el de Franco, sino que queda impune de los crímenes de Estado cometidos en Montejurra o en la Catedral de Vitoria cuando fue Ministro preconstitucional del Interior, con una responsabilidad política superior a la que un montaje político-mediático-judicial le atribuyó al socialista José Barrionuevo en relación con los GAL.

También han quedado impunes las decenas de acciones terroristas perpetradas por bandas de extrema derecha al calor de consignas hoy adoptadas por el PP, como fundamentalmente el Batallón Vasco Español, pero además la Alianza Apostólica Anticomunista (conocida como “Triple A”), Acción Nacional Española, los Grupos Armados Españoles, los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos Antimarxistas o las numerosísimas células ultraderechistas que desde la muerte del tirano y hasta prácticamente mediados de los ‘80 cometieron innumerables y gravisímos atentados contra ciudadanos progresistas. Decenas de demócratas fueron asesinados por atentados terroristas de ultraderecha.

En la mayor parte de los casos quedaron impunes, como el secuestro y torturas que sufrió José Antonio Martínez Soler. Las condenas impuestas a los asesinos de los abogados de Atocha son absolutamente excepcionales. Hoy nadie se acuerda de Martín Merkelanz, Yolanda González, Felipe Zagarna o Joaquín Antimasveras.

En los casos de ETA P-M e IRA, la hoja de ruta fue iniciada por Gobiernos de centro-derecha: los de Leopoldo Calvo-Sotelo, de la extinta UCD, y John Major, del Partido Conservador británico, quien la inició con la Declaración de Downing Street de 1993, por el que hasta reconocío el derecho de autodeterminación para toda la isla de Irlanda. En ambos supuestos, los procesos de los respectivos desarmes las concluyeron Gobiernos de centro-izquierda: los de Felipe González, del PSOE, y Tony Blair, del Partido Laborista.

No nos engañemos: no sólo dos años después de la deposición definitiva de sus armas no debería quedar ningún preso etarra en las cárceles españolas ni francesas -el Gobierno galo deberá ponerse a la plena disposición del nuestro-, sino que además habrá que diseñar todo un proceso que no lo es sino de reinserción. Los descarriladores preventivos alegarán que está demostrado que los terroristas no pueden reinsertarse en la sociedad… siendo mentira que tal argumento esté realmente demostrado.

Más bien al contrario. De la disolución de ETA “político-militar” resultó el reforzamiento político de la credibilidad ante el electorado por parte de lo que hasta entonces sólo era su brazo político, Euskadiko Ezkerra. Este partido hizo gala de un responsable pragmatismo, adecuando su discurso al ordenamiento vigente sin enajenar sus principios críticos para defenderlos democráticamente. Producto de esa normalización es la fusión de EE con el PSE-PSOE y hasta el acercamiento del antiguo poli-mili Jon Juaristi al PP, que le ha acogido con total normalidad. Y lo mismo ha sucedido en irlanda del Norte con el Sinn Fein. Y lo mismo debe suceder con Batasuna.

Hay que facilitar la canalización por la en democracia legítima vía política de las ambiciones, por muy maximalistas que sean, del entorno de la autodenominada “izquierda” abertzale. Porque en democracia es legítima cualquier aspiración política que respete los derechos humanos, sea la autodeterminación -que yo he criticado, del mismo modo que defiendo que otros tengan derecho a alegarla- o, por ejemplo, la república a la que me adhiero.

También habrá que facilitar, activamente, la reinserción de los actuales terroristas en la sociedad como futuros miembros respetables de la misma. Requerirá que, con cargo a los impuestos que también sus víctimas han pagado, se desarrollen políticas públicas fundamentalmente de empleo con las que puedan ofrecérseles de una forma de vida digna que los mantenga alejados de las tentaciones delictivas en las que cayeron muchos años atrás. El papel de los Gobiernos vasco y navarro se intuye esencial.

Finalmente, no como precio político sino como implementación de las previsiones constitucionales que lo permiten, sin el ruido distorsionante de la amenaza ni el asesinato, con la serenidad de la paz, sin condicionantes, habrá que acometer la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco sin renunciar al máximo de posibilidades de autogobierno que permita la Constitución. Y asumiendo que si alguna vez la sociedad vasca no está dividida en dos mitades, si pese al regreso al País Vasco no sólo de los terroristas huídos sino además de los miles de demócratas exiliados, si en ese escenario hay una mayoría clara y además estable de vascos que quieren la independencia, no podrá recurrirse a la mitología del nacionalismo españolista para mantener el actual mapa de España.

Hasta hace poco, cuando un trabajador no estaba de acuerdo con las condiciones de empleo que se le imponían, el empleador de turno le respondía con aquello de “hay miles como tú deseando tu puesto de trabajo”. Era lo que Marx denominó “ejército industrial de reserva”. Pero ésta es una de las teorías en las que ha fallado el marxismo.

Creo que fue hacia el año 2000 cuando Watson Wyatt, consultora de Recursos Humanos particularmente especializada en sus perspectivas demográficas, comenzó a pronosticar un futuro inmediato de pleno empleo en España. Ya entonces lo anunciaban para las Comunidades autónomas más ricas en este año 2006, y para las de menor nivel de renta en 2010, alcanzándose la media nacional de desempleo friccional, el de quienes están sin trabajo por estar buscando otro (el de las sociedades tanto sin óptimos canales de búsqueda de empleo como de pleno empleo) en 2008. La OCDE, por su parte, en las mismas fechas, auguraba un periodo de dos décadas de crecimiento económico sostenido de las economías más desarrolladas, entre las que se encuentra la nuestra.

Cuando al año siguiente sucedieron los hechos del 11-S, el tremendismo hizo una incursión en la teoría de la coyuntura económica, vaticinando una crisis tal que, entre otros efectos, habría de sustanciarse en el aumento del desempleo dentro de un paquete de reajustes “indeseados” entre los que se citaban el aumento desaforado de la inflación o la recesión económica. Y si no se debiera a la incertidumbre política, confieso que yo ya estaba atribuyéndolo en la excusa de los de siempre por “ajustar cuentas”, aprovechando la situación para “hacer caja”.

Pero no. Al final no ha habido tal crisis. De nuestro entorno sólo Alemania y muy puntualmente Italia han conocido la recesión económica, la inflación real (no la maquillada para Maastricht) sigue estando en los niveles de los últimos años de cuando el mundo era un lugar más seguro, y con el Gobierno socialista España ha ganado el derecho a entrar en el elitista G-7, revocando la falacia neoliberal que pretende presentar como incompatibles el desarrollo económico con su eventual -ahora real- prespectiva social.

Así, en 2002 Watson Wyatt confirmó su estudio sobre el pleno empleo, ahora incluso anticipando su llegada a 2004 a Navarra, La Rioja, País Vasco o Aragón.

Y así está siendo. Muchísimos millones de españoles vivimos en sociedades de pleno empleo, donde el paro es friccional por haber bajado del 5%, que es el ineludible conformado por aquellos que excepcionalmente no tienen trabajo por estar transitando entre dos puestos distintos o abandonando la etapa de su formación.

Ahora, somos los trabajadores los que podemos decirle al empresario “hay miles como tú deseando contratarme”. Y no es una boutade, sino una constatación científica de la teoría de la oferta y la demanda operando en el mercado de trabajo para evidenciarse como una de las tesis exitosas del liberalismo económico.

Antes los empresarios jugaban con la temporalidad para mantener un estado de temor laboral sobre la propia estabilidad económica de los trabajadores y sus familias. Ahora ya no pueden. Ahora deben incentivar la fidelidad de sus asalariados con mejores condiciones de trabajo. La primera forma ha sido ofreciendo estabilidad en el trabajo, aumentándose el número de contratos indefinidos hasta niveles desconocidos. Si quieren, continúan despidiendo, pero ahora deber presupuestar los costes de las indemnizaciones, como antes no hacían cuando la temporalidad y la gratuidad era la regla. Y sucede que los trabajadores son lo que ahora no quieren los contratos indefinidos más que para tener solvencia suficiente como para recurrir a los préstamos hipotecarios necesarios para su techo.

La siguiente estación es la calidad.

“Zapatero, asfixiar, Madrid”, “pagar, precio, político”… ahora toca conjugar “Zapatero, divorcio, sociedad”.

Uno de los recursos de la manipulación propagandística de corte goebbelsiano es la repetición compulsiva de brevísimos slóganes -tres palabras, según estudios psicosociológicos- configurados de tal manera que, como la tortura de la gota china, acaban horadando el subconsciente de los sujetos-target, hasta acabar amoldando su pensamiento a a programación prediseñada, interiorizándolo. Es la famosa “lluvia fina” normalizada por Aznar.

Se lo escuché el domingo a Ignacio Astarloa, miembro de la dirección del PP. Dijo de dos maneras distintas, una en activa, otra en pasiva, pausándose, solemnizándolo… que Zapatero se estaba divorciando de la sociedad española. Que -supuestamente, claro- estaba habiendo una supuesta separación entre la línea política seguida por el Presidente de su Gobierno y el mío y la deseada por los españoles.

Lo dijo en relación con la manifestación de su AVT contra ETA contra el Gobierno, la que ha batido en 22 el anterior record de ocho fachas por metro cuadrado. Lo dijo contra el diálogo que el PP aceptó en el pacto de Ajuria Enea, con el que intentó Aznar con lo que elevó a Movimiento Vasco de Liberación (sic), con lo que precisamente él hizo en Zurich sentándose a negociar con los etarras hasta acercar a sus presos a las cárceles vascas y excarcelando a decenas de asesinos. Porque fue precisamente él, Ignacio Astarloa, el que adquirió para Aznar esos compromisos con ETA.

Hoy lo ha repetido Ángel Acebes: “Zapatero, divorcio, sociedad”. Ya no en relación con el terrorismo, sino ahora por una campaña realizada por las asociaciones juveniles a través del Consejo de la Juventud de España, del que, oculta, forman parte las Juventudes del PP y otras organizaciones afines como las Juventudes de USO o la OJE (antiguo Frente de Juventudes del franquismo).

Poco importa que el slogan sea tan mentiroso como los propios Astarloa y Acebes (estos tipos no tienen vergüenza), ya que por una parte la mayor parte de la sociedad está con Zapatero en la necesidad de un pronto final dialogado con ETA y por otra el Consejo de la Juventud de España es un organismo autónomo autogestionado por las asociaciones juveniles, sin intervención gubernamental. Lo importante es, como dijo su admirado Goebbels, repetir mil veces una mentira hasta que acabe tomando la forma de una verdad. Habrá estúpidos que sucumban a los miserables que conscientemente insultan a la inteligencia de los españoles.