A Lei é dura, pero é a Lei
“Dura Lex, sed Lex”, es un aforismo latino que viene a sublimar el principio jurídico de legalidad. “La Ley es dura, pero es la Ley”. Y no lo digo precisamente por, sino pese a, la modificación de la Ley de Función Pública gallega que ha impuesto el rodillo nacional-liberal en el Parlamento de Galicia, no.
Dicha modificación pretende que los opositores elijan la lengua en que examinarse para acceder al empleo público, o al menos abrir la puerta a flexibilizar los requisitos lingüísticos de los aspirantes.
Yo, como consecuencia de mi identificación con el posicionamiento político de izquierdas, soy lógica y abiertamente antinacionalista, tan beligerante contra el nacionalismo gallego del BNG como contra el nacionalismo español del PP. Reflejo la distancia de nuestro electorado, para el que “la materia lingüística se hunde hasta la última posición en sus precupaciones, con un irrisorio 0,1%”, respecto de la agenda identitaria, y por eso reclamo la misma identificación entre quienes nos dan su voto y mi partido, el PSdeG.
Peronalmente, hasta tengo el convencimiento de que la de la minoría castellanopensante tenemos una lengua minorizada… desde antes del bipartito. Desde cuando Alianza Popular quería, por intereses electoralistas, mantener a Galicia fuera de las dinámicas políticas del resto de España emulando la sempiterna relación entre la siempre conservadora Baviera y el resto de Alemania. Así, del mismo modo que la CSU bávara fue un refugio de colaboracionistas nazis de que desde el Gobierno de aquél Land resistía a Gobiernos federales socialdemócratas, la AP gallega lo era de dirigentes franquistas (uno de los ministros del tirano fue el Presidente de la Xunta) mientras, por ejemplo, el socialista Felipe González arrasaba en el resto de España.
De hecho, la Ley de Normalización Lingüística de Galicia fue aprobada durante un Gobierno autonómico de Alianza Popular. La misma Ley de la que el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional la obligación de todos los gallegos de conocer la lengua gallega, cuando la única obligación constitucional es respecto de la lengua común.
Creo que el PPdeG se encuentra en la duda entre la Baviera de la CSU y la Carintia del FPOE, otrora ambos dirigidos por el nacional-liberal Jorg Haider, modelo de Alberto Núñez. Y tiene demasiadas hipotecas hacia el nacionalismo español gallegófobo, cuya satisfacción supondrá el agravio de la corriente bávara del PP (pues precisamente los electores del PP son “el grupo más numeroso de quienes tuvieron el gallego como lengua materna”) a resolver en las luchas de poder de ese partido de partidos que también en Galicia es el PP. Entre carintios y bávaros el PP de Galicia se revelará inviable.
Ni me parece bien que los poderes públicos nos ignoren a la minoría castellanopensante (la lengua común de hecho no existe en los poderes públicos gallegos, como la TVG sólo refleja un ideal monolingüe), como tampoco que se satisfagan las ansias de venganza de los gallegófobos. Creo que entre el blanco y el negro hay una amplísima gama de grises, y creo que no sólo lo permite, sino que es la alternativa por la que opta nuestro ordenamiento constitucional (“en caso de duda: la Ley”). Y expresarlo significa ser anatemizado por ambos extremos, por beber ambos de fuentes totalitarias: nacional-bolchevismo en el caso del nacionalismo gallego, nacional-liberalismo en el caso del nacionalismo español.
“Dura Lex, sed Lex”: ¿Ejerce el PP el dereho de autodeterminación respecto de España, cuyo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley estatal 7/2007, obliga a los funcionarios a garantizar la atención al ciudadano en la lengua cooficial que lo solicite?
La modificación de la Ley de Función Pública de Galicia permitirá soslayar el artículo 54.11 del Estatuto Básico del Empleado Público y, así, que los nuevos funcionarios sean monolingües, y podría darse el caso de que al otro lado de la ventanilla yo como ciudadano me encuentre con un empleado público que no sepa comunicarse conmigo en la lengua castellana, cooficial, por la que opto para expresarme. ¿O se avanzará hacia una segregación lingüística de las Administraciones públicas en dos paralelas, una en cada lengua, agrupando cada una a los empleados de su respectivo monolingüismo?
La única consecuencia de esta deriva nacional-liberal es el apartheid. Es muy peligroso.






