Cierto que la Concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Móstoles colocó a su propio marido como Asesor municipal de Limpieza, y que como era bastante descarado que fuera en la misma área fue cambiado a Director municipal de otra en la misma Corporación local.

Cierto que quien el PP designó como Gerente de una de las Empresas municipales, precisamente la que tiene encomendad la Promoción de Empleo en Móstoles, es el marido de quien fue colocada como Jefa de Prensa del Ayuntamiento, actualmente Directora de otra área municipal en Móstoles.

De todo ello ya escribí hace casi ¡7 años!. Pero también es cierto que, con posterioridad, el Alcalde colocó a su propio hermano como Coordinador municipal Adjunto de Limpieza de la Ciudad poniéndole un sueldecito de casi 50.000 euros anuales.

Y esto por poner sólo tres ejemplos, aunque alguien me da pistas para encontrar más.

Pero lo que me negaría a creer es que una de las “ventajas” de la privatización de la gestión de servicios públicos, por ejemplo los Centros de Mayores, pueda ser que los políticos privatizadores, por poner otro ejemplo el o la responsable de sanidad, pueda colocar, por poner un ejemplo, a su propia madre como, por ejemplo, ordenanza del centro privatizado, sin pasar por oposición alguna ni tener que haberse esforzado en obtener el mínimo mérito ni capacidad. Vamos: un coladero.

Todo ello no son más que ejemplos, pues es un hipotético caso extremo que no creo que haya tamaño descaro, deshonestidad ni miseria humana como para darse en ningún sitio que no sea una república bananera. Vamos, que cualquier parecido de lo expuesto con la realidad no sería más que purísima coincidencia, improbable en nuestro Estado de Derecho.

Si este martes me dijeran que eso ha sucedido en Móstoles, me negaría a creerlo. La desvergüenza del PP móstoleño, sinceramente, no creo que les haga acreedor de la indignidad de sinvergüenzas.

Una de las tipificaciones del delito de malversación, no sólo de caudales públicos sino pudiendo ser de otros efectos de las Administraciones públicas y en este caso además sin necesidad de ánimo de lucro, es la del artículo 433, primer párrafo, del Código Penal:

La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

Pues bien.

El Gobierno municipal de Móstoles, de la ultraderecha, y según la noticia difundida por la agencia de prensa Europa Press, supuestamente habría confesado haber destinado (no su Partido, el autodenominado “Popular”, sino “el Ejecutivo municipal”) al uso de determinadas empresas privadas efectos elaborados en o con recursos materiales, económicos y/o humanos del Ayuntamiento que recogen intervenciones de Paz Martín, líder del PSOE mostoleño:

el Ejecutivo municipal informó de que ha puesto en conocimiento de las empresas de comunicación contratadas por el Ayuntamiento las manifestaciones vertidas hoy ante los medios de comunicación y en el pasado Pleno por Paz Martín, “por si sus equipos jurí­dicos entienden que existen motivos para iniciar posibles acciones judiciales” contra la edil socialista.

El caso es que, como informa el PSOE en Móstoles, citando una información del periódico ‘Público’,

“La Gürtel se coordinó con las firmas de publicidad fantasma”, una de ellas expresamente Over Marketing, con ingentes ingresos provenientes de la “adjudicación de campañas que no llegaron a hacerse” en Madrid de “ayuntamientos controlados por el PP en la región”, y ello “consta en el sumario que instruye el juez Pedreira”.

Y en el último Pleno municipal el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro Prado, confesó que con él el Ayuntamiento ha contratado con aquella firma de publicidad.

Muchos medios (cuando escribo esto, el gratuito ‘Qué!’ en su edición regional, algún medio on-line de otro municipio, otro comarcal, las noticias de Terra, y anteriormente hasta en el foro Móstoles Hoy) se están haciendo eco de una información que no tiene mérito tanto por el descubrimiento del Grupo Municipal Socialista, como sí por la torpeza del Gobierno municipal no sólo vinculándose, sino erigiéndose en defensor de las empresas que, siempre según “consta en el sumario que instruye el juez Pedreira”, a su vez estarían relacionadas con la presunta trama delictiva de financiación ilegal del PP.

La concomitancia del Gobierno municipal de Móstoles para con Over Marketing, que se comprobó en la tan militante como nerviosa defensa que el Alcalde les ha hecho públicamente (que, vamos: ni que fuera accionista), ahora les lleva a dedicar el tiempo que los mostoleños les pagan a elaborar “el Ejecutivo municipal” un dossier para el uso de esa sociedad privada. Su tiempo, que no tendrán la vergüenza de descontarlo de sus nóminas, ya está trabajado para una empresa privada, faltando saber si se ha escrito sobre folios, con tinta, introducidos en sobres, enviados con sellos, incluyendo soportes audiovisuales… en todos los casos pagados por el Ayuntamiento, que es lo mismo que decir que pagados por todos los mostoleños, incluso ese 35% que votó a Paz Martín.

¿Hay algún fiscal por aquí?