El autor

Me llamo José-Luis Prieto, nací en Madrid en 1973, soy abogado y consultor, desde 2007, tengo familia, ingresos, vivienda y compromisos en Móstoles y La Coruña.
Soy demócrata y socialista libertario, por ese orden. Creo que la libertad debe ser efectiva para todos, que hay que garantizar la igualdad absoluta de derechos y oportunidades, y que el ser humano es social por naturaleza.

Archivo: Julio 2010

Una calle para Íker Casillas en Móstoles ¡ya!


Srebrenica. Badajoz

Casi mil personas al día, 8000 en nueve días, del 13 al 22 de julio de 1995. Hoy hace 15 años del inicio de la matanza de Srebrenica. El asesinato sistemático de civiles inocentes ante las cámaras de televisión de todo el mundo.

3000 personas (mil más, mil menos) en sólo menos de 12 horas, entre la noche de un 14 de agosto y la mañana del día siguiente, y muchos más antes y después. En 1936 sucedió la matanza de Badajoz. El asesinato sistemático de civiles inocentes sin testigos, ocultado al mundo. Ensombrecido y justificado por invenciones revisionistas. Que la Historia la escriben los vencedores.

¿Quedan honores a nombre de Ratko MladicRadovan Karadzic o ex ministros impunes de la tiranía serbo-bosnia? En España quedan calles con el nombre de los Generales Yagüe y Franco, y el impune ex ministro fascista Manuel Fraga es el Fundador y uno de los Presidentes del Partido Popular.

El PP quiere espiar al PSOE

El ultraderechista Gobierno municipal del Ayuntamiento madrileño de Móstoles impuso desde su mayoría absolutista en el Pleno corporativo, en su sesión ordinaria del mes pasado, la aprobación inicial de un Reglamento para la interceptación de las comunicaciones electrónicas de la oposición democrática (eufemísticamente intitulado “de uso de los servicios y bienes informáticos y de las comunicaciones”).

Dicho Reglamento es expresamente para su aplicación a los concejales con la previsión de quedar exentos los del Gobierno municipal (artículos 1 y 6.2), teniendo los de los Grupos de oposición democrática que obtener la autorización previa del régimen instaurado en el Ayuntamiento para usar medios informáticos (artículo 5), estándoles en cualquier caso prohibido usarlos para buscar información no oficial (artículo 6.e), para sus fines “partidistas” (artículo 6.m), para la emisión de sus comunicados (artículo 6.p), etc.

Además, el Gobierno municipal del PP se arroga con dicho Reglamento el derecho de revisión y almacenamiento de los contenidos enviados y recibidos por la oposición democrática (artículo 7), controlando el uso del correo electrónico de los concejales de la oposición (artículo 15) y, por impedirle esa labor de espionaje, prohibiendo el uso de webmail, que es el correo que se utiliza a través de una página web como por ejemplo Gmail o Hotmail (artículo 17).

El régimen ultraderechista instituído en el Ayuntamiento de Móstoles, como se puede comprobar, pretende un Estado de Excepción indefinido sobre la oposición democrática, arrogándose facultades que no tiene atribuídas por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que las residencia en los poderes del Estado, suspendiendo la vigencia de los artículos 18 y 23.2 de la Constitución dentro de los límites de su término municipal, pues revoca los derechos al secreto de las comunicaciones y a libre ejercicio de las funciones de los representantes políticos de los ciudadanos, como en este caso el más del 35% de los mostoleños que confiaron en Paz Martín y el PSOE, que ya han alegado contra el Reglamento, para representarles.

Y aquí no pasa nada.

Los anuncios de prostitución

Tres concejales supuestamente socialistas del Ayuntamiento madrileño de Móstoles se ausentaron ayer del Pleno municipal de ayer para evitar tener que votar favorablemente una moción que, desde la oposición, había presentado su propio Partido contra los anuncios publicitarios de prostitución.

Frente a la prostitución hay dos vías de tratamiento. Bueno, tres, si se considera como tal la vía del “no tratamiento” cínicamente imperante en la sociedad, la consistente en mirar hacia otro lado.

Una de ellas es la abolicionista, consistente en la adopción de medidas conducentes a la desaparición de la prostitución, graduándose entre dificultarla y prohibirla, pasando por sancionar su uso. La otra es antiprohibicionista, consistente en regularizar dicha actividad sin necesariamente favorecerla.

Yo me muevo entre ambas posiciones. Por un lado, como liberal, rechazo que tanto el Estado como las sectas, sean consideradas religiones o no, se inmiscuyan en asuntos morales, y como socialista creo que todos los que desarrollamos alguna actividad con rendimientos económicos debemos tener iguales derechos (por ejemplo, a la seguridad social o mutual) y obligaciones (por ejemplo, a tributar). Pero por otro lado, creo que es una minoría las personas de ambos sexos que se dedican a la prostitución libremente, ya que creo que lo hacen obligados por la necesidad o la esclavitud, o la lógica conjunción de ambos elementos. Por eso creo que ambas de aquéllas posiciones, abolicionista y antiprohibicionista, deben ser comúnmente libertarias, es decir, deben orientarse a liberar a la mayoría de las personas que ejercen dicha actividad, por no hacerlo libremente.

Así, los anuncios de prostitución son, mayoritariamente, anuncios de proxenetismo, de explotadores que anuncian a personas como si fueran productos. Son esos explotadores quienes niegan a sus víctimas sus derechos, y quienes se sustraen de sus deberes tanto frente a ellas como al resto de la sociedad. Y eso es intolerable.

Lógicamente, ayer, inmediatamente, Paz Martín, Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Móstoles, ha cursado la oportuna denuncia interna el el PSOE contra los concejales socialistas que creen que aquella aberración sí es tolerable.

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