La televisión es, en nuestro Ordenamiento Jurídico y en los términos del artículo 128 de la Constitución, un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado.

Con este presupuesto, por otra parte constitucionalmente inimpugnado, comienza el Preámbulo de la Ley de Televisión Privada, de 1988. En su virtud, las televisiones privadas se configuran como “concesiones” de la Administración para la gestión indirecta de lo que es un servicio público estatal, lo cual no está de más recordarlo frente a quienes actúan como si nuestro sistema económico fuera de libre mercado -realmente para enmascarar el de neomercantilismo corporativo o “capitalismo de amiguetes”- cuando, guste o no, lo es mixto o de economía social de mercado. Sigamos. En otro punto manifiesta:

En cuanto al número de tales concesiones, la Ley, considerando conjuntamente cálculos de viabilidad económica para las empresas concesionarias, exigencias o limitaciones técnicas hoy existentes y el interés del público por una programación diversificada, ha fijado el número de tres.
Se trata de una Ley que quiere estar abierta a futuros cambios o innovaciones tecnológicas. […]
A fin de asegurar la más estricta igualdad de oportunidades, el otorgamiento de las concesiones se hará mediante el oportuno concurso público, que se convocará por acuerdo del Consejo de Ministros.

El resto de la historia ya forma parte de nuestras vidas, y hoy recibimos en toda España por vía analógica -la única entonces- dos emisoras de la pública TVE y, de empresas privadas concesionarias, Tele 5, Canal Plus y Antena 3.

Como preveía hace 17 años aquella Ley, el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, con el cable de fibra óptica primero y poco después con las emisiones digitales de señal televisiva, las limitaciones de la televisión analógica han sido superadas, y se posibilitan muchísimas nuevas concesiones administrativas de televisiones privadas que corresponde encauzar legalmente. Con esta justificación el Gobierno ha presentado al Congreso de los Diputados el actual Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre y de liberalización de la televisión por cable.

El artículo 2.1 del citado Proyecto de Ley ha desencadenado una guerra empresarial a la que se nos quiere arrastrar a los usuarios de la televisión, como basta con ver en el cambio de línea del simpático programa “Pecado Original”, lanzado a la agitación antigubernamental. Ahora se prevé eliminar la limitación a tres del número de concesiones de televisión convencional hasta que se produzca el denominado “apagón analógico”, en que sus concesionarias habrán de pasar a la emisión digital.

Técnicamente es posible. Aún hay espacio en las ondas para dar cabida a alguna nueva concesionaria privada. Paralelamente el Gobierno se plantea permitir a Canal Plus emitir toda su programación en abierto, a lo cual no hay nada que obstar técnicamente por cuanto ya ocupan espacio público, aunque esté siendo codificado.

Si la tecnología permite este régimen transitorio respecto de las emisiones convencionales o analógicas, ¿por qué no se ha permitido hasta ahora? La respuesta se encuentra en la propia Ley de 1988: “cálculos de viabilidad económica para las empresas concesionarias”. Vamos, purito intervencionismo público y tutela estatal.

El intervencionismo público que ahora reclaman las dos televisiones privadas que emitían en abierto, apoyados por pesudoliberales como los fedeguicos, que en esto quieren un papá Estado fuerte como el que el aznarismo impuso en el mercado de las telecomunicaciones.

Al frente de la propaganda intervencionista se sitúan los Grupos Planeta (principal accionista de Antena 3, más el ultraconservador diario La Razón y el aznarista González Ferrari por Onda Cero), Vocento (principal accionista de Tele 5, el conservador diario ABC y Punto Radio), UnEdiSA (el diario El Mundo, alter ego mediático del PP) y Recoletos (vinculado al Opus Dei). Pese a tal entramado empresarial, en el que no nos encontramos representados la más de la mitad de los españoles que votamos progresista, este nuevo “sindicato del crimen” se presenta como adalid de la pluralidad y la libertad de expresión, alegando un trato de favor hacia Canal Plus, por encuadrarse dentro del Grupo PrISA, cuya cadena de emisoras, la SER, evidenció en real time las mentiras del Gobierno del PP inmediatamente después del 11-M. Así, la ultraderecha parlamentaria ha encontrado un campo de batalla particularmente seductor, por revachista.

En el trasfondo está la apertura del mercado, ante lo que algunos libelelos obvian los principios del liberalismo. No pusieron ninguna pega a que Canal Plus ocupara espacio público “en las ondas” para codificarlo porque el mismo quedaba autoexcluido del mercado publicitario… e ideológico. Porque con más televisiones y más “en abierto” habrá que competir por ambos mercados como no hasta ahora, lo cual a su vez requerirá de mayores inversiones -menores beneficios- a fin de atraer a los espectadores y, con nosotros, a los anunciantes. Esta liberalización de verdad, de las que finalmente resulta beneficiarnos a los consumidores y usuarios, aumentará la competencia. ¡Viva el capitalismo! ¿O no?