Del Rey abajo, todo

La noche del 6 de junio de 1993, cuando los datos del Ministerio del Interior confirmaban la cuarta victoria consecutiva del PSOE en Elecciones Generales, Javier Arenas Bocasucia y Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, a la sazón portavoces del derrotado PP, comparecieron en la sede nacional del Partido denunciando un pucherazo electoral.

Cuando el 13 de marzo de 2004 numerosos ciudadanos, indignados por las mentiras con que el Gobierno de Aznar había pretendido extraer ventaja electoral de los atentados del 11-M, se manifestaron frente a las principales sedes del PP sin la preceptiva autorización y violentando la jornada de reflexión, dirigentes como su Presidente Fundador propusieron no dispersar dichas concentraciones, sino directamente suspender el procedimiento electoral que debía culminar el día siguiente. Nótese que suponía responder a una ilegalidad con otra tampoco prevista en nuestro ordenamiento, conforme se planteó; era responder a una legítima, aunque ilícita, indignación generalizada en la opinión pública con un auténtico golpe de Estado.

Tras las declaración oficial del PP de boca de sus portavoces la noche electoral del 6 de junio de 1993, se cuenta en los mentideros que el Rey conminó a José María Aznar a que deshiciera el peligroso camino que había iniciado negándose a aceptar la derrota que los españoles le habían infligido. Y que a lo largo de la jornada electoral del 14 de marzo de 2004, cuando los niveles de participación presagiaban la salida de Aznar por la puerta de atrás de la Historia de España, éste eventualmente habría presentado un Real Decreto de suspensión de las elecciones al Rey, quien se negaría a firmarlo.

En ambos casos, según la intrahistoria que nunca se confirmará, la voluntad constitucional del Rey se impuso frente a la involucionista de Aznar. Al parecer, como en el golpe de Estado del 23-F, en 1981, al menos en 1993 el Rey esgrimió su condición de Capitán General de los tres ejércitos para imponer, cierto que extraconstitucionalmente, el respeto a la Constitución, y tanto que hasta impuso en 1996 en el primer Gobierno de Aznar a Eduardo Serra como Ministro de Defensa, pese a que en la lista de nombramientos que aquél le presentó ya figuraba Federico Trillo, debiendo ser indemnizado con la Presidencia de las Cortes.

Se pretendió, tras 1993 y, ahora, tras 2004, hacerle pagar al Rey lo que los sectores más ultraderechistas consideran una nueva traición. Nueva, porque conservan en su memoria de afrentas el desmontaje que capitaneó activamente del régimen franquista, a cuyos “Principios” había tenido que jurar fidelidad. Nueva, porque en la transición había optado, mediante Torcuato Fernández Miranda, por Adolfo Suarez al frente de la reformista UCD en vez de por Manuel Fraga al frente de la postfranquista AP. Nueva, porque su consideración hacia el PCE y su amistad con Santiago Carrillo normalizaba a la izquierda en el escenario político. Nueva, porque producto de esa normalización es el acceso democrático al poder del PSOE en 1982, sólo siete años después de la muerte del dictador. Y posteriormente también nueva, porque José María Aznar nunca le ha merecido la misma confianza que Felipe González.

En una entrevista publicada el 16 de febrero de 1998 en la revista Tiempo, Luis María Ansón reconocería lo siguiente:

Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro… pero era la única forma de sacarlo de ahí.

El 22 de agosto de 1994, el aristócrata José Luis de Vilallonga, tras dos visitas que ese mes había hecho al Rey en su residencia de verano en Marivent, publicó un artículo en La Vanguardia donde advertía de la erosión que deliberadamente tendría la Corona en el contexto de la desestabilización política, institucional y, finalmente, social diseñada para expusar al PSOE del Gobierno. Se vislumbraba la confluencia de diversos intereses, donde Mario Conde -otrora accionista del diario El Mundo de Pedro José Ramírez, y amigo de Javier de la Rosa, quien por su parte advirtió de la información de que aseguraba disponer, que podría hacer tambalear a la Casa Real- vería vengada su desdicha personal. El ultraderechista semanal Época (con el Banesto de Mario Conde también en su accionariado, por cierto) hasta publicaría unas fotografías del Rey desnudo conseguidas por una publicación italiana del mismo holding que El Mundo.

Porque el Rey no era “de los suyos”, y en lugar de al menos echarse a un lado estaba obstaculizando las estrategia involucionista de lo que acabó convirtiéndose en una conspiración republicana …de derechas. Bien podía pedir el Rey que le cuidaran de sus “amigos”, que de sus enemigos ya se cuidaría él. O como me recuerda César, “¡Cuerpo a tierra, que atacan los nuestros!”. Por ello, cuando finalmente la conspiración llevó a Aznar al poder en 1996, al Rey le tocó pagar su penitencia: fue desplazado en la primera representación internacional que le corresponde, su actividad pública fue reducida, el Presidente del Gobierno se revistió del áura de Jefe de Estado (“Presidente de la República Española”, según Jeb Bush), se institucionalizó un status público para Ana Botella, en perjuicio de la única Primera Dama que es la Reina …y se trató de recluir a la Corona en una Corte afín a los conspiradores, como demostró el pulso que los monárquicos echaron a la Familia Real con la excusa de Eva Sannum.

Tras la victoria socialista en las Elecciones Generales de 2004, la disponibilidad del Rey para otra campaña de desestabilización institucional ha sido nuevamente puesta a prueba: con resultados insatisfactorios para los nuevamente conjurados, a los que ahora se ha sumado la cúpula de la jerarquía católica y hasta un general tentado por el golpismo.

Así, cuando el Parlamento aprobó la modificación legislativa de la regulación del matrimonio y la adopción, para permitirlo a las personas homosexuales, se apeló a la condición de “Majestad Católica” que por tradición le corresponde a los monarcas españoles para paralizar su tramitación, respondiendo el Rey que firmaría para su promulgación cualquier Ley que fuera democráticamente aprobada. Y así fue, sin demoras. Cuando el Congreso aprobó, con la sola oposición del PP, la posibilidad de dialogar con ETA sin entrar en negociaciones políticas para alcanzar el fin de ese terrorismo, preguntado por su parecer off the record el Rey respondió: “lo que sea, por el bien de España”.

Nuevamente, el Rey ha devenido en un obstáculo que no se presta a las subversiones diseñadas por la extrema derecha. Y ésta está arreciando en sus ataques a la Corona. Al fin y al cabo, desestabilizar la Jefatura del Estado supone sacudir al Estado mismo, por lo que ello sirve al fin originario de devolver al PP a la gestión desde el Gobierno de los intereses de la ultraderecha religiosa, política y de su entramado empresarial en el mundo de la comunicación y de los antiguos monopolios públicos privatizados por Aznar.

El pulso está siendo importante, tanto como soterrado, que la base sociológica de los conjurados es monárquica. Ahora la conjura pretende forzar la abdicación del Rey en el Príncipe, a lo que aquél, cuando se celebraba el 30º. de su entronamiento, respondió inequivocamente, en un auténtico aviso para navegantes, que pensaba seguir “dando guerra mientras el cuerpo aguante”.