El avanzadísimo Santo Tomás de Aquino, en sus Cometarios a las Sentencias, hacia 1254, producto de una profunda elaboración político-moral acabó justificando el tiranicidio para preservar el bien común: Tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit.

No es cuestión de traer aquí los fundamentos de tal doctrina, aunque quien no tenga nada que temer en su propia vida, ni en los privilegios que deba a los tiranos, sin duda compartirá la razonabilidad de su conclusión. Yo lo suscribo.

Tampoco es cuestión de entrar en las causas del establecimiento histórico de la democracia como sistema político, pero el caso es que es un acuerdo convencional aceptar que en las sociedades así constituidas el único modo legítimo de preservar el bien común es la derrota electoral, sin la eliminación física del gobernante.

¿Quién es el Juez que declara como “hecho probado” que un gobernante es perjudicial para el bien común de sus gobernados? Otro lugar común sería que es el titular de la Soberania Popular, cuya construcción conceptual también daría para monográfica profundización, y cuya forma de expresarse es mediante los conductos de la democracia electiva. Aznar era perjudicial para el bien común de España y los españoles, democráticamente -y cierto que, para la vergüenza de aquél, tras un amago de revolución cívica- le hicieron abandonar una holgadísima mayoría absoluta con dirección hacia la puerta de atrás de la Historia. Gracias a la legitimidad democrática con la que alcanzó el poder en 2000, las mentiras con las que trató de justificar la perdida de 192 vidas no puso precio a la suya.

No me gusta el actual Presidente de Venezuela, Hugo Chavez. Rechazo el populismo por principio, por cuanto supone tratar a los ciudadanos como a niños, y, quizá también por convención -porque necesite creermelo para ser coherente-, confío en la madurez de las sociedades. Al menos tanto como también creo en la posibilidad de las sociedades de equivocarse (como respecto de las Elecciones Presidenciales de EEUU de 2004 evidencian el empantanamiento de la Guerra de Irak o la gestión de crisis provocada por el huracán Katrina), y tanto como en el consecuente derecho del discrepante a disentir y a garantizarle la posibilidad tanto de sostener su criterio, como de persuadir a los demás.

La ultraderecha neocon, tanto en EEUU como sus aventajados alumnos aznaristas españoles, coincide en calificar tan machacona como sospechosamente a Hugo Chavez como tirano. Pero, nos guste o no tanto a la ultraderecha como a la izquierda democrática, ha sido primero elegido y luego ratificado por sus compatriotas -equivocándose, posiblemente- para dirigirlos, democráticamente, siendo el último proceso incluso fiscalizado por observadores internacionales de distinto signo, quienes no pudieron identificar objeciones bastantes como para desvirtuar el resultado final. En cambio, George W. Bush accedió a su primer mandato presidencial en EEUU pese a que la mayoría de sus conciudadanos eligieron al candidato demócrata Al Gore.

Por eso, no todas las víctimas de ETA son iguales. Para la doctrina tomista sobre el tiranicidio, el asesinato el 2 de agosto de 1968 de Melitón Manzanas, durísimo funcionario policial del régimen franquista, sería tan legítimo como también el dolor de sus familiares al perderlo y recordarlo, mientras no contribuiría al derrocamiento de la tiranía los de José Humberto Fouz, Jorge Juan García ni Fernando Quiroga del 24 de marzo de 1973, a quienes los etarras confundieron con agentes policiales, resultando por tanto asesinatos ilegítimos. Del mismo modo que desde la Ley de Reforma Polícica el 18 de noviembre de 1976 puede considerarse inexistente tirano alguno en nuestro país que legitime a ETA. Y del mismo modo que no es lo mismo Juan María Bandrés, luchador contra el franquismo desde la ETA legítima, que José María Aznar, miembro de una estirpe intrincada en la jerarquía del régimen y adherido a la ideología terrorista del falangismo y en su madured al franquismo.

Y sí, por seguir con los ejemplos, tampoco es el mismo el Fidel Castro que, con la legitimidad tomista, primero derrocó al tirano Fulgencio Batista y después derrotó a quienes querían restaurar dicha tiranía, que el que seguidamente se mantuvo en el poder privando a su pueblo de elegir a sus gobernantes, convirtiéndose asímismo, con todas sus consecuencias, en otro tirano.