La designación por parte de Esteban Parro, Alcalde de prestado de Móstoles, de José María Castillo Hernández, Secretario General del PP de Móstoles, como Concejal Delegado de Urbanismo, Propaganda de Vivienda y Obras Públicas me ha dejado una extraña sensación de deja vú. Máxime tras la lectura del mejor libro de historia de Móstoles, de título “Móstoles. Memorias de un pueblo”, de Koldo Palacín Ara (en lo sucesivo, entre paréntesis, la página o nota correspondiente):

Ya el padre de José María Castillo también fue concejal de nuestro Ayuntamiento, cuando los ediles eran impuestos por las estructuras del franquismo de entre los afectos al régimen. El apellido Castillo coincide con el de una saga de “propietarios” -que es como eufemísticamente se ha denominado a los terratenientes de toda la vida- de Móstoles comprometidos, para la defensa de sus intereses, con las opciones políticas de derechas de cada momento, hoy el PP. Así, Francisco Castillo Lorenzo (¿su padre?) fue concejal en 1958, designado por los sindicatos fascistas (nota 749).

Francisco Castillo Lorenzo pasó así sustituir como concejal a Diego Castillo Domingo (¿su tío?) encarnando la permanencia de su saga en la política local, en una época en que estaba compuesta por sólo siete ediles, ninguno de ellos elegido democráticamente (nota 747), cooptados de entre los vecinos más pudientes y adheridos al régimen fascista de Francisco Franco. Diego, que en 1944 declara su condición de “propietario” agrario (pág. 526), votó a favor del nombramiento de Franco como Alcalde Perpetuo de Móstoles cuando fue concejal depositario (nota 746) entre 1952 y 1955 y posteriormente Teniente Alcalde hasta finales de 1957 (nota 309), llegado a ser nombrado Alcalde de Móstoles por el Gobernador de la Provincia (nota 744).

Éste fue designado Jurado municipal para 1924 (pág. 250) y su hermano Guillermo Castillo Domingo miembro de la Mesa Electoral local en 1923 (pág. 247), Vicepresidente de la Junta municipal de Censo Electoral como gran “contribuyente” -otro eufemismo- en 1930 (pág. 310) y, en su calidad de Fiscal municipal, miembro de la Mesa Electoral para los comicios de 1931 en los que posteriormente caería la monarquía (pág. 324), cuando para acceder a estas funciones judiciales y administrativas durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera había que acreditar tal solvencia económica que imposibilitaba la designación de los campesinos u obreros de la época.

Guillermo y el tercer hermano, Francisco Castillo Domingo, indentificados como partidarios de la traición a la Constitución Española perecieron en 1936 víctimas del ius belli (nota 368) activado por Franco con su golpe de estado del ese año contra el sistema democrático. Francisco tenía también un notable patrimonio, y no sólo en bienes raíces, pues le fueron embargados bienes muebles por impago de multas debida a infracciones contra los derechos de los trabajadores en 1933 (pág. 384).