En 1984, sólo dos años después de la disolución de ETA “político-militar”, no quedaban presos de esta facción etarra en las cárceles. En 2000, dos años después de los Acuerdos del Viernes Santo, tampoco quedaban presos del IRA en las cárceles británicas. No nos engañemos: si se alcanza un acuerdo por el que ETA “militar” abandona definitivamente las armas, en breve tampoco quedará ninguno de sus casi 500 reclusos en las cárceles españolas. Ese será el último hito de la única hoja de ruta posible para ambas partes de la negociación.

Así, en los casos de ETA P-M y del IRA, sus víctimas y los familiares y amigos de sus víctimas mortales acabaron cruzándose por la calle con sus ver verdugos. Debió ser duro, y debe seguir siéndolo, ya que ambos capítulos forman parte de la historia contemporánea de España y del Reino Unido: hoy siguen viéndose las caras. Pero en ambos casos, las víctimas, lejos de ser un obstáculo para acabar definitivamente con aquellas formas de terrorismo, se solidarizaron con el resto de la sociedad para evitar que ésta conociera nuevos sufrimientos como los que ellos habían padecido.

En España traíamos ya alguna experiencia. Los demócratas fueron generosos con casi 40 años de Estado terrorista, y sus dirigentes pudieron reinsertarse en la sociedad democrática como hicieron algunos de sus ministros a través del actual PP. A uno de sus actuales Presidentes, Manuel Fraga Iribarne, por ejemplo, no sólo no se le han pedido cuentas por ser miembro de un Gobierno criminal como el de Franco, sino que queda impune de los crímenes de Estado cometidos en Montejurra o en la Catedral de Vitoria cuando fue Ministro preconstitucional del Interior, con una responsabilidad política superior a la que un montaje político-mediático-judicial le atribuyó al socialista José Barrionuevo en relación con los GAL.

También han quedado impunes las decenas de acciones terroristas perpetradas por bandas de extrema derecha al calor de consignas hoy adoptadas por el PP, como fundamentalmente el Batallón Vasco Español, pero además la Alianza Apostólica Anticomunista (conocida como “Triple A”), Acción Nacional Española, los Grupos Armados Españoles, los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos Antimarxistas o las numerosísimas células ultraderechistas que desde la muerte del tirano y hasta prácticamente mediados de los ‘80 cometieron innumerables y gravisímos atentados contra ciudadanos progresistas. Decenas de demócratas fueron asesinados por atentados terroristas de ultraderecha.

En la mayor parte de los casos quedaron impunes, como el secuestro y torturas que sufrió José Antonio Martínez Soler. Las condenas impuestas a los asesinos de los abogados de Atocha son absolutamente excepcionales. Hoy nadie se acuerda de Martín Merkelanz, Yolanda González, Felipe Zagarna o Joaquín Antimasveras.

En los casos de ETA P-M e IRA, la hoja de ruta fue iniciada por Gobiernos de centro-derecha: los de Leopoldo Calvo-Sotelo, de la extinta UCD, y John Major, del Partido Conservador británico, quien la inició con la Declaración de Downing Street de 1993, por el que hasta reconocío el derecho de autodeterminación para toda la isla de Irlanda. En ambos supuestos, los procesos de los respectivos desarmes las concluyeron Gobiernos de centro-izquierda: los de Felipe González, del PSOE, y Tony Blair, del Partido Laborista.

No nos engañemos: no sólo dos años después de la deposición definitiva de sus armas no debería quedar ningún preso etarra en las cárceles españolas ni francesas -el Gobierno galo deberá ponerse a la plena disposición del nuestro-, sino que además habrá que diseñar todo un proceso que no lo es sino de reinserción. Los descarriladores preventivos alegarán que está demostrado que los terroristas no pueden reinsertarse en la sociedad… siendo mentira que tal argumento esté realmente demostrado.

Más bien al contrario. De la disolución de ETA “político-militar” resultó el reforzamiento político de la credibilidad ante el electorado por parte de lo que hasta entonces sólo era su brazo político, Euskadiko Ezkerra. Este partido hizo gala de un responsable pragmatismo, adecuando su discurso al ordenamiento vigente sin enajenar sus principios críticos para defenderlos democráticamente. Producto de esa normalización es la fusión de EE con el PSE-PSOE y hasta el acercamiento del antiguo poli-mili Jon Juaristi al PP, que le ha acogido con total normalidad. Y lo mismo ha sucedido en irlanda del Norte con el Sinn Fein. Y lo mismo debe suceder con Batasuna.

Hay que facilitar la canalización por la en democracia legítima vía política de las ambiciones, por muy maximalistas que sean, del entorno de la autodenominada “izquierda” abertzale. Porque en democracia es legítima cualquier aspiración política que respete los derechos humanos, sea la autodeterminación -que yo he criticado, del mismo modo que defiendo que otros tengan derecho a alegarla- o, por ejemplo, la república a la que me adhiero.

También habrá que facilitar, activamente, la reinserción de los actuales terroristas en la sociedad como futuros miembros respetables de la misma. Requerirá que, con cargo a los impuestos que también sus víctimas han pagado, se desarrollen políticas públicas fundamentalmente de empleo con las que puedan ofrecérseles de una forma de vida digna que los mantenga alejados de las tentaciones delictivas en las que cayeron muchos años atrás. El papel de los Gobiernos vasco y navarro se intuye esencial.

Finalmente, no como precio político sino como implementación de las previsiones constitucionales que lo permiten, sin el ruido distorsionante de la amenaza ni el asesinato, con la serenidad de la paz, sin condicionantes, habrá que acometer la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco sin renunciar al máximo de posibilidades de autogobierno que permita la Constitución. Y asumiendo que si alguna vez la sociedad vasca no está dividida en dos mitades, si pese al regreso al País Vasco no sólo de los terroristas huídos sino además de los miles de demócratas exiliados, si en ese escenario hay una mayoría clara y además estable de vascos que quieren la independencia, no podrá recurrirse a la mitología del nacionalismo españolista para mantener el actual mapa de España.