El 13 de enero de 1898, el periódico L?Aurore publicó una carta abierta dirigida al Presidente de la República Francesa del escritor socialista émile Zola que, con el título de J?accuse, reivindicaba el honor del capitán judío de artillería Alfred Dreyfus.

Dreyfus fue condenado por traición en 1894, tras un montaje que evidenció el antisemitismo latente en los sectores conservadores de la sociedad y ante el cual se rebelaron los sectores liberales y progresistas hasta imponerse legalmente la separación radical Iglesia-Estado en 1905, que actualmente se conserva en nuestro vecino transpirenáico. Doce años después de su primera condena, Dreyfus sería finalmente rehabilitado.

Zola justificó su intevención epistolar en un caso en el que no era parte del siguiente modo:

Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro del inocente que expía a lo lejos cruelmente torturado, un crimen que no ha cometido.

Desde entonces es cuando el “Yo acuso” ha sido apelado por meros testigos cuando no han podido evitar rebelarse frente a injusticias ajenas.

Hay convocada una II Marcha reaccionaria sobre Madrid para el próximo sábado. La ultraderecha parlamentaria, definitivamente desprendida de su barniz reformista, y al alimón con la Jerarquía católica, ésta lanzada a la reedición del intervencionismo político del nacionalcatolicismo, y sin evidenciarse aún quien de ambos gira el manillar del tándem -aunque los indicios señalan a un sanedrín episcopal-, han organizado a través de una organización instrumental una demostración de fuerza con el objeto de doblegar al Gobierno legítimo para que los poderes públicos sigan discriminando al 10% de los ciudadanos.

Cuando el 90% tenemos interiorizado con naturalidad el disfrute de nuestros derechos, nos resulta harto complicado empatizar con quienes pese a amarse tienen prohibido casarse, con quienes tienen prohibido percibir pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja, con quienes tienen prohibido el ejercicio de derechos reconocidos para los matrimonios en las Leyes o los Convenios Colectivos, con quienes tienen prohibido trascender mediante su descendencia, con quienes como reflejo de tales prohibiciones tienen finalmente prohibido expresar sus sentimientos. Tratos abiertamente discriminatorios como estos fueron aplicados contra los judíos en los delirios nazis -o simplemente ultraderechistas, como en la Francia de Zola- o contra los negros en la aberración sudafricana del apartheid, y la derecha conservadora ha aprendido la pose de su repudio. Excepto en los homosexuales. Lo que en los judíos y los negros estiman inaceptable, continúan considerándolo natural perpetrarlo contra lesbianas y gays.

Asistirá Ana Botella, quien en cambio se mostró abiertamente indulgente con el acoso sexual a que un Alcalde de su Partido sometió a una concejala. Asistirán Obispos católicos como los que en ejercen la pedofilia sin conocerse reprimendas entre sus filas. Y asistirán muchos lumpenproletarios, la infantería electoral y ahora también manifestante, a quienes se llama a vociferar a favor de la familia, eufemismo bajo el cual se oculta la homofobia de los sectores conservadores directamente comparable con el antisemitismo de los mismos sectores en los tiempos pardos de Francia o Alemania.

Porque la familia no será perjudicada con esta universalización de derechos. Considere la suya y piense qué perjuicios prácticos le va a ocasionar que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Ninguno. No se preocupe, que, aunque de la propaganda cuasinazi se pueda deducir, a usted nunca se le obligará a casarse con alguien de su mismo sexo. Piense en que cuando se alude a matices etimológicos, matrimonio es a la madre lo que patrimonio al padre, y que hace varias décadas que se reconoce a las mujeres el derecho a su propio patrimonio. Piense en que cuando se apela al contenido religioso del concepto, nuestro ordenamiento jurídico dejó de estar impregnado por ninguna confesión con la caída de la dictadura de la misma ideología nacionalcatólica como la que se está refundando en nuestro país. Piense en que las referencias a la pareja padre-madre no pueden ser para el hijo sino un derecho, pues que si constituyera una obligación debería derogarse el divorcio, las segundas nupcias o las órdenes de alejamiento respecto de los maltratadotes.

El artículo 510.1 del Código Penal tipifica como delito la provocación no sólo al odio, sino además a la discriminación contra grupos por su orientación sexual. Yo acuso: el delito de homofobia, incitada explícitamente por influyentes miembros de nuestra sociedad, está quedando impune.