Por una cuestión profesional, para salvaguardar los intereses de mis clientes, la única autocensura a que me someto en este blog es a profundizar en críticas a los Jueces, que nunca se sabe a cuál de ellos me voy a encontrar. Y hablar sobre las tres imputaciones que penden sobre el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº. 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suponen valorar las actuaciones profesionales de todos los Magistrados intervinientes: en las correspondientes instrucciones, en lo que serían las posteriores fases de Juicio, y sobrevolándolo todo el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, me moderaré en la expresión de mi opinión personal, que, en cualquier caso, cualquiera que siga la línea de este blog puede deducirla.

Vaya por delante que tengo una tremendísima prevención ante los operadores jurídicos que se ponen delante de un micrófono. Hay otros abogados, que para evitarme consecuencias disciplinarias no voy a identificar, que más que trabajar ante leyes y jurisprudencia lo hacen ante el papel couché. Abogados que de tanto repetirse en la prensa del colorín, son tomados por clientes ingenuos como “los mejores”. Y que así están trasvasados por los casos que llevan de las páginas de “vida social” a las de “sucesos”, y una vez hecho este trayecto, también en sentido inverso, yendo y viniendo …sólo poniendo la firma y la cara ante la “alcachofa”, que si el caso no tiene relevancia pública se lo llevará un pasante del despacho. Y con un nivel de éxito similar al de los demás abogados, pero, eso sí, facturando más.

Supongo que en la judicatura se tiene ante los jueces mediáticos la misma prevención que yo ante los abogados mediáticos.

Aún reconociéndole lo que de excepcional ha tenido en su trabajo (impagable la Instrucción contra el tirano nacional-liberal Pinochet), yo no olvido otras de las instrucciones dirigidas por Baltasar Garzón. No es que critique que haya cumplido su papel contra los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pero sí que sobreactuara tras haberse frustrado su carrera política en el PSOE y en cambio no evitara del mismo modo la impunidad de los responsables políticos de la UCD (hoy muchos de ellos Sres. X del PP) o de Godsa (plataforma política durante los crímenes de Montejurra de Manuel Fraga, germen de Reforma “Democrática”, luego Alianza Popular, hoy PP), que miraban a otro lado, cuando no directamente patrocinaban, el terrorismo fascista o de Estado hasta 1982, que ocasionó más muertos que los GAL.

Todos los abogados nos hemos encontrado, rápidamente según empezamos a pleitear, resoluciones judiciales y hasta descortesías maleducadas de Jueces absolutamente inaceptables. Todos. Pero, como prologó el catedrático Enrique Orts Berenguer a “El delito de prevaricación judicial” de Ramón Ferrer Barquero, editado por Tirant Lo Blanch en 2002, se trata (pág. 13) de

un delito del que la Sala 2ª. del Tribunal Supremo sólo se ha ocupado, desde 1871 hasta mediados de los años noventa, en unos setenta pronunciamientos judiciales, en su mayoría absolutorios

Y de las condenatorias, como ahí escribe el propio Ferrer (pág. 114),

la mayoría de condenas han recaído sobre Jueces municipales [o de Paz]  por conductas notoriamente ilegales, lo que en la mayoría de los casos puede explicarse por su carencia de conocimientos jurídicos

Que un sólo juez, de golpe, sea imputado en tres instrucciones distintas… es cuando menos… Vamos: que no voy a entrar en el fondo de los asuntos. Al respecto, jurídicamente me quedo con la incursión que hace el imprescindible Juez bloguero José Ramón Chaves García y políticamente con el posicionamiento de Izquierda Socialista.

Por eso hace semanas que me adherí al Manifiesto de la Plataforma de Apoyo al juez Garzón.