¿Cómo reaccionar ante una reclamación dineraria por permanencia telefónica?

En estos tiempos en que las carencias de la crisis obligan a optimizar nuestros consumos y minimizar nuestros costes personales y domésticos, se acentúa la “promiscuidad” telefónica de los españoles. Afortunadamente, podemos cambiar de compañía telefónica conservando el número de teléfono, y con un pequeño coste hasta “liberar” nuestro terminal para seguir usándolo con el nuevo proveedor del servicio.

1. RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES

Cuando queramos cambiar de compañía, es posible que la anterior, o quien le haya comprado el crédito, se arrogue algún derecho frente al cliente insatisfecho en primer lugar para retenerlo, y en segundo lugar, si aquél consigue huir, para continuar sacándole más rendimientos económicos. Como, por ejemplo cada vez menos inhabitual, alegando la existencia de algún “compromiso de permanencia”.

No voy a extenderme aquí en relación con la naturaleza, requisitos y validez de esos denominados “compromisos de permanencia”, pero en cualquier caso, si la compañía o sus representaciones letradas lo alegan en alguno de sus “conminatorios” requerimientos, la mejor solución es pedir a la compañía una copia certificada del contrato donde figure: 1, dicho compromiso; y 2, la firma del cliente incorporada.

Si dicha petición se formula con formalidades de solicitud de ejercicio del derecho de acceso a datos personales, conforme la Ley Orgánica de Protección de Datos, debe ser satisfecha en el plazo de 10 días. Transcurrido dicho plazo, puede denunciarse a la correspondiente compañía telefónica ante la Agencia de Protección de Datos (AgPD), para que lo aporte en el correspondiente procedimiento administrativo o, en su defecto, explicite la inexistencia de documento alguno firmado por el cliente en el que éste admita la permanencia (muchísimas veces, las compañías telefónicas lo han extraviado, o no lo localizan en sus caóticos archivos).

No es un procedimiento judicial sometido a tasas judiciales, y para este tipo de expedientes administrativos también se puede contar con la asistencia letrada de un abogado que redacte correctamente la petición a la compañía y la denuncia ante la AgPD y hacer el seguimiento de sus trámites.

Así, cuando la empresa o el despacho jurídico contratado para la misma para “conminar” a los clientes ejerza acciones legales contra el consumidor, éste tendrá la prueba de la inexistencia de dicho “compromiso de permanencia”.

Aviso: cuando me refiero a “conminar” tan repetidamente, me refiero su segunda y tercera acepciones, que yo nunca imputaría la infracción de amenazas a un compañero.

2. RECLAMACIONES JUDICIALES MONITORIAS

La vía judicial habitual para cobrarse eventuales pagados es el denominado “procedimiento monitorio”, que se incoa por simple “petición”; aunque los despachos jurídicos contratados para “conminar” a clientes insatisfechos de compañías telefónicas lo denominen pomposa, severa y siempre conminatoriamente “demanda de proceso” : ni es “demanda” ni van a “procesar” al cliente.

Aunque yo nunca diré que el despacho de abogados que actúe de esa forma tenga eventualmente el ánimo de atemorizar al cliente, la susceptibilidad de éste puede provocarle dicho efecto. Ante lo cual, nada mejor que acudir a otro letrado para que le asesore en términos tranquilizadores como los precedentes.

Sigamos con el procedimiento monitorio:

Interpuesta por parte de la compañía telefónica o sus representantes, o quien le haya comprado el crédito, la petición monitoria en el Juzgado del domicilio del cliente (no puede ser en otro Partido Judicial), dicho tribunal lo remitirá al citado supuesto deudor emplazándole a pagar o, en su defecto, oponerse. Opciones del cliente telefónico:

  • Pagar.
  • No pagar ni oponerse, en cuyo caso el peticionario queda judicialmente convalidado como acreedor de la deuda reclamada y puede instar embargos sobre nóminas, cuentas corrientes… hasta previa subasta de los bienes muebles registralmente inscritos e incluso inmuebles. El cliente debe valorar los riesgos sobre su patrimonio.
  • No pagar y oponerse, que debe ser por escrito y motivándolo. Por ejemplo, aportando la resolución de la AgPD en la que se declare la inexistencia del “compromiso de permanencia”. Entonces se cierra el procedimiento monitorio para dar paso a un procedimiento “declarativo”; en el que si al cliente le reclaman más de 2000€ la Ley le obliga a estar asistido por procurador y abogado, con el que deberá contactar inmediantamente.

3. DEMANDA JUDICIAL DECLARATIVA

Una vez opuestos motivada y documentalmente a la petición monitoria, caben dos posibilidades:

  • Si lo reclamado es de más de 6000€, el reclamante dispone de un mes para interponer demanda de juicio ordinario.
  • Si lo reclamado es de hasta 6000€, la petición monitoria se tramita como demanda de juicio verbal, y el cliente pasa automáticamente de reclamado a demandado.

Si el cliente pierde el juicio, aparte de pagar el importe reclamado, con los intereses (al menos interés legal del dinero desde la reclamación extrajudicial o la interposición de la petición monitoria hasta Sentencia, e interés legal incrementado en dos puntos porcentuales más desde Sentencia hasta que se haga efectivo el importe), debe restituir al demandante la tasa judicial que haya pagado y, si lo reclamado era más de 2000€, debe pagar las costas del abogado y el procurador de la parte contraria, hasta un límite de 1/3 de lo reclamado.

4. NOTAS FINALES

Quiero dejar una pequeña referencia a las que, según me han dicho, hace algún despacho que “conmina” al pago de deudas.

  • Me cuentan que sus requerimientos tienen el encabezado “vía ejecutiva”, en mayúsculas, negrita y letra grande. Me cuesta creérmelo, ya que no hay más ejecución que la judicial, y una eventual factura impagada no constituye por sí “título ejecutivo”. Me cuesta creer que haya compañeros abogados que quieran engañar así a legos en derecho para atemorizarles.
  • Me cuentan que los requerimientos eventualmente harían referencia a “Informes de solvencia positivos”, también en mayúscula y negrita. No me consta su existencia. Cuando profesionalmente yo necesito conocer la solvencia de alguien sólo tengo dos modos: judicialmente, solicitando en el seno de un procedimiento que Su Señoría encargue un “Informe de averiguación patrimonial”; y extrajudicialmente, pidiendo Notas Informativas en los Registros de la Propiedad más Informes de titularidades de vehículos en la DGT, que son archivos públicos.
  • Me cuentan que dichos requerimientos violan el primer inciso del artículo 14.2 del Código Deontológico de la Abogacía, que obliga: “Cuando la parte contraria no disponga de abogado, deberá recomendarle que designe uno”.
  • Me cuentan que en el borrador de severísima “demanda de proceso monitorio” acompañan fotocopias de requerimientos y referencias a archivos de la compañía telefónica a efectos probatorios. Pues bien: los Juzgados rechazan toda mera “petición de procedimiento monitorio” que no acompañe originales y, en cualquier caso, original del documento acreditativo de la firma del compromiso de permanencia.
  • Me cuentan que en otrosí de la  severísima “demanda de proceso monitorio” solicitan que Su Señoría pida Informe de Averiguación Patrimonial. Pues bien: imposible. Dichos Informes, en su caso, se pedirían en la fase ejecutiva en el caso de que efectivamente se declare judicialmente la existencia de la deuda.
Si todo lo anterior es cierto (me niego a creerlo) podría suponer una violación del artículo 14.2, in fine, del Código Deontológico de la Abogacía, en cuya virtud cuando el reclamado no tenga abogado “el interviniente deberá evitar toda clase de abuso”, siendo denunciable ante el correspondiente Colegio de Abogados.

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